El Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 mediante el Decreto Supremo 001-2026-TR, marcando un paso relevante en la consolidación de una política pública orientada a enfrentar uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo en el país: la informalidad.
La norma parte de una premisa clara: la formalización no puede abordarse de manera aislada ni fragmentada, por el contrario, propone un modelo de intervención multisectorial que articula esfuerzos de distintas entidades públicas, bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de generar acciones más coherentes, complementarias y sostenidas en el tiempo. 
Uno de los aspectos más destacables es su horizonte temporal, no se trata de una medida coyuntural, sino de una hoja de ruta de largo plazo que incorpora seis ejes estratégicos y múltiples líneas de acción, lo que permite proyectar políticas públicas con mayor estabilidad y previsibilidad. Además, la estrategia se alinea con la Política Nacional de Empleo Decente, reforzando la idea de que la formalización no solo implica cumplir normas, sino también ampliar el acceso a derechos laborales y protección social. 
Otro elemento positivo es el enfoque territorial y diferenciado, que reconoce que la informalidad no se manifiesta de la misma manera en todo el país, lo que abre la puerta a intervenciones más ajustadas a la realidad de cada sector productivo y región, evitando soluciones uniformes que, en la práctica, suelen resultar ineficaces.
Asimismo, la participación de múltiples entidades, desde ministerios hasta organismos como la SUNAT, SUNAFIL o el INEI, evidencia una apuesta por una gobernanza más integral del fenómeno, en la que la formalización deja de ser una tarea exclusiva del sector trabajo y pasa a convertirse en un objetivo transversal del Estado. 
Sin embargo, como ocurre con toda estrategia de esta naturaleza, su impacto dependerá en gran medida de su implementación, en ese punto, el propio decreto establece hitos normativos que deberán concretarse en el corto plazo, destaca, en particular, la obligación de aprobar un Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación dentro de los 60 días hábiles, instrumento clave que permitirá aterrizar los lineamientos estratégicos en medidas concretas. 
De igual modo, se prevé la emisión de normas complementarias por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las cuales serán determinantes para definir los mecanismos operativos, indicadores y herramientas de seguimiento de la estrategia, por ello, será importante mantenerse atentos a su desarrollo y aprobación en los próximos meses.
Puede descargar el decreto supremo aquí.
