La discusión sobre el empleo muchas veces se concentra en los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los empleadores o las reformas que podrían incorporarse a la legislación laboral. Sin embargo, existe una condición previa que con frecuencia pasa inadvertida: para que exista empleo formal primero deben existir empresas dispuestas a invertir, crecer y contratar.
Esta primera reflexión resulta pertinente al analizar la candidatura de Roberto Sánchez. La principal preocupación que genera su propuesta no se encuentra necesariamente en una medida laboral específica, sino en las diferencias que existen entre los dos planes de gobierno presentados durante el proceso electoral.
El documento difundido para la primera vuelta planteaba cambios profundos en aspectos centrales del modelo económico y proponía una intervención estatal considerablemente más intensa en diversos ámbitos de la actividad económica. El plan presentado para la segunda vuelta adopta un tono distinto, reafirma el respeto a la propiedad privada, destaca la estabilidad macroeconómica y procura transmitir tranquilidad respecto de las reglas que regulan la inversión y la actividad empresarial.
El problema adquiere una dimensión adicional si se considera que el plan de gobierno inscrito ante las autoridades electorales no constituye un documento meramente referencial, ya que el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026 establece que no se admitirán modificaciones al plan de gobierno una vez vencido el plazo correspondiente. En ese contexto, la difusión de un segundo documento durante la segunda vuelta plantea una interrogante legítima: ¿cuál de los planes sería eventualmente ejecutado?
Desde una perspectiva laboral, esa incertidumbre influye directamente sobre uno de los factores que condicionan la generación de empleo formal: la confianza en la estabilidad de las reglas económicas. Las decisiones de inversión se adoptan mirando el futuro; quien evalúa iniciar un negocio, ampliar operaciones o desarrollar un nuevo proyecto necesita cierto grado de certeza respecto del entorno económico que enfrentará durante los próximos años. En ese sentido, cuando las señales son contradictorias, los riesgos aumentan y la inversión tiende a ralentizarse.
Ese efecto tiene una consecuencia laboral inmediata. El empleo formal depende de la inversión privada, de la apertura de nuevas empresas y de la expansión de las actividades productivas. Ningún país ha logrado reducir sostenidamente la informalidad sin crecimiento económico ni sin generación de nuevas oportunidades empresariales. Por ello, cuando existe incertidumbre respecto del rumbo económico de un eventual gobierno, la preocupación no alcanza únicamente a los inversionistas, también alcanza a quienes esperan encontrar un empleo formal.
El problema se vuelve más evidente si se observa la realidad de nuestro mercado laboral. Más de doce millones de trabajadores permanecen en la informalidad y desarrollan sus actividades fuera de los sistemas de protección asociados al empleo formal. La magnitud de esa cifra obliga a preguntarse no solo cómo se protegerá a quienes ya cuentan con empleo formal, sino también cómo se crearán los millones de puestos de trabajo que el país necesita para incorporar progresivamente a quienes permanecen fuera del sistema.
Es precisamente en este punto donde aparecen las mayores dudas respecto de los planes de Roberto Sánchez. Ambos documentos contienen diferencias significativas sobre temas que influyen directamente en la inversión, la actividad empresarial y el crecimiento económico, resultando difícil identificar cuál será finalmente el marco económico que acompañará a un eventual gobierno y cuáles serán las reglas que orientarán las decisiones públicas durante los próximos años.
La incertidumbre en materia económica tiene como resultado que las inversiones se posterguen, los proyectos se ralenticen y las decisiones de contratación se vuelvan más conservadoras. El resultado termina reflejándose en menos oportunidades para quienes buscan incorporarse al empleo formal.
Por esa razón, la principal debilidad de la propuesta de Roberto Sánchez no radica únicamente en el contenido de determinadas medidas. Se encuentra en la coexistencia de dos planes de gobierno que proyectan señales distintas sobre aspectos esenciales de la política económica. Cuando un país enfrenta niveles de informalidad que alcanzan a la mayoría de su población ocupada, la claridad sobre el rumbo económico deja de ser una discusión teórica y se convierte en una necesidad para la generación de empleo.
Precisamente la generación de empleo requiere confianza para invertir, emprender y expandir actividades productivas. Por ello, la coexistencia de dos planes de gobierno con orientaciones distintas termina planteando una duda que la candidatura de Roberto Sánchez no ha logrado despejar de manera convincente. En un país donde más de doce millones de trabajadores permanecen en la informalidad, el Perú necesita inversión, crecimiento y creación de empresas para ampliar el empleo formal. Cuando la discusión gira alrededor de dos programas económicos distintos, la incertidumbre deja de ser un problema político y comienza a convertirse en un problema laboral.
