La reciente aprobación de la Resolución Ministerial 184-2026-TR, que establece el listado de microempresas sujetas a fiscalización por parte de los gobiernos regionales durante el año fiscal 2026, reabre un debate que no puede ser abordado únicamente desde la lógica de la descentralización administrativa. La cuestión central es determinar si dichas entidades cuentan realmente con la capacidad técnica, operativa, presupuestal y humana necesaria para asumir una función tan especializada y sensible como la inspección del trabajo.
La descentralización constituye una política pública necesaria para acercar el Estado a los ciudadanos y responder de manera más eficiente a las particularidades de cada territorio. Sin embargo, no puede limitarse a una transferencia formal de competencias ni a la sola aprobación de disposiciones normativas. La inspección del trabajo exige inspectores debidamente capacitados, criterios técnicos uniformes, procedimientos predecibles, infraestructura adecuada, herramientas tecnológicas y recursos logísticos suficientes. Sin estas condiciones, la descentralización puede convertirse en una asignación de responsabilidades sin capacidad real para cumplirlas.
La preocupación se intensifica al advertir que la propia Sunafil, pese a contar con una estructura especializada y experiencia acumulada, aún enfrenta serias dificultades para brindar una respuesta oportuna, uniforme y eficaz en todo el territorio nacional. Los procedimientos inspectivos suelen prolongarse excesivamente y existen materias especialmente sensibles —como el despido arbitrario manifiesto— frente a las cuales la inspección tiene una capacidad de actuación limitada, al corresponder su resolución definitiva al Poder Judicial. En ese contexto, transferir funciones a entidades con menores recursos y capacidades institucionales, sin un proceso previo de fortalecimiento, podría profundizar las brechas existentes en lugar de mejorar la protección de los trabajadores.
El riesgo no es menor. Una inspección laboral fragmentada, aplicada con criterios disímiles y sin estándares homogéneos, puede debilitar la tutela de los derechos sociolaborales y, al mismo tiempo, afectar la seguridad jurídica que requieren las empresas para organizar sus actividades y adoptar decisiones. La falta de predictibilidad en la actuación inspectiva incrementa la conflictividad, eleva los costos de cumplimiento y genera un entorno de incertidumbre que termina perjudicando la inversión, la productividad y la competitividad del país.
Las microempresas, que constituyen una fuente esencial de empleo y dinamismo económico en el país, serán las más expuestas a los efectos de una implementación deficiente. Estas unidades productivas no solo enfrentan mayores limitaciones financieras y administrativas para cumplir con una regulación laboral cada vez más compleja, sino que también operan con márgenes reducidos y menor capacidad para absorber costos imprevistos. Una fiscalización poco uniforme, excesivamente sancionadora o carente de criterios técnicos comunes puede afectar directamente su producción, desalentar la formalización y reducir su competitividad, en lugar de promover un cumplimiento sostenible de las obligaciones laborales.
Por ello, las microempresas necesitan algo más que una fiscalización centrada en la sanción. Requieren orientación preventiva, asistencia técnica y mecanismos que faciliten la adecuación progresiva a la normativa laboral. El objetivo de la inspección no debería limitarse a detectar incumplimientos, sino también a promover la formalización y corregir conductas antes de que estas deriven en multas que puedan comprometer la continuidad de negocios con limitada capacidad económica. Sin este enfoque, la descentralización podría terminar convirtiéndose en una nueva barrera para el crecimiento empresarial.
La descentralización solo podrá alcanzar resultados positivos si se ejecuta de manera gradual, ordenada y acompañada de un verdadero fortalecimiento institucional. Ello supone capacitar permanentemente al personal inspectivo, asignar presupuesto suficiente, implementar herramientas tecnológicas adecuadas, establecer protocolos comunes y mantener mecanismos de supervisión que garanticen criterios uniformes en todo el territorio nacional.
Sin recursos, especialización y criterios uniformes, la reforma corre el riesgo de debilitar la protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, afectar la formalización, la productividad y la competitividad de las microempresas. El verdadero desafío no es decidir quién fiscaliza, sino asegurar que la inspección laboral cumpla eficazmente su finalidad en beneficio de los trabajadores, las empresas y el desarrollo del país.
Sergio Salguero Aguilar
Abogado y Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado por la Universidad de Salamanca (España) en Estudios Avanzados en Derecho Social.
Con 15 años de experiencia en el sector público en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. Ha sido Director de Normativa de Trabajo, Director General de Trabajo y Miembro de Pleno y Comisiones en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en distintas entidades públicas. Actualmente, lidera el equipo de RRHH en la Superintendencia Nacional de Migraciones
