Introducción: el dilema de la percepción pública
En el debate sociolaboral peruano, la Sunafil enfrenta un marcado dilema de percepción pública: mientras trabajadores y gremios resienten los tiempos de tramitación, un sector empleador percibe a la entidad como un órgano de finalidad meramente inquisitiva y sancionadora. Cuando se revisan las redes sociales o los espacios de opinión pública, es frecuente advertir cuestionamientos cruzados: de un lado, trabajadores y organizaciones sindicales que resienten los tiempos de tramitación bajo la queja de lentitud; y, de otro lado, empleadores que perciben a la entidad como un órgano meramente inquisitivo y sancionador, cuya única finalidad parecería ser la imposición de multas. Esta tensión genera una imagen distorsionada que no refleja la naturaleza real ni el impacto social del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT).
La raíz de esta brecha de percepción obedece a un modelo tradicional de métricas burocráticas: históricamente, el éxito del sistema se ha comunicado a través de indicadores fríos, tales como la cantidad de órdenes de inspección generadas versus órdenes cerradas o el monto proyectado en multas propuestas. Dicho esquema resulta doblemente perverso: frustra al trabajador que busca soluciones materiales y atemoriza injustificadamente al empresariado formal. El presente artículo propone una ruptura de paradigma: cuantificar el impacto inspectivo en términos de retorno social tangible (dinero restituido directamente a las familias) y ahorro de contingencias patrimoniales para las empresas, visibilizando al mismo tiempo el esfuerzo titánico que despliega un cuerpo de apenas 810 inspectores para atender a toda la masa laboral del país.
Evolución histórica: advertencias premonitorias y la brecha estructural
Para situar el momento actual, resulta indispensable revisar la línea de maduración del sistema inspectivo peruano a través de sus hitos académicos e institucionales, distinguiendo con rigor temporal su génesis de su realidad contemporánea:
1. La advertencia fundacional de 2013 y el Convenio 81 de la OIT
En el año 2013, en pleno proceso de diseño normativo tras la promulgación de la Ley 29981 y previo al inicio formal de operaciones de la SUNAFIL en abril de 2014, el especialista y posterior Superintendente Nacional, Juan Carlos Requejo Alemán, formuló una advertencia medular en su investigación académica: la creación de la SUNAFIL corría el riesgo de quedar en una suma de buenas intenciones si el Estado no le aseguraba un presupuesto operativo realista y una arquitectura descentralizada coherente. Asimismo, rescatando el artículo 6 del Convenio 81 de la OIT, Requejo subrayó que la estabilidad laboral y las condiciones dignas del inspector constituyen la condición sine qua non para asegurar la estricta imparcialidad e independencia frente a presiones políticas o gremiales, garantizando un trato neutro y predecible al administrado.
2. La radiografía del arranque (2015) y la ratio internacional de la OIT
Dos años después, la investigadora Alejandra Cueto Piazza (2015) documentó la evolución del cuerpo inspectivo, recordando que en los años 90 los inspectores laboraban bajo modalidades precarias de locación de servicios, y evidenció la severa limitación de cobertura con la que nació el sistema. Según los parámetros orientativos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los países en desarrollo deberían contar con al menos 1 inspector por cada 40,000 trabajadores (y de 1 por cada 10,000 a 20,000 en economías industriales). En contraste, el Perú inició las operaciones de la Sunafil en 2014 con un cuerpo marcadamente diminuto (apenas 219 inspectores en Lima y una presencia casi testimonial en regiones), muy lejos de la cobertura recomendada para atender a la masa laboral del país. Dicho desfase inicial evidenció un déficit numérico de origen que, aun con el crecimiento progresivo de la dotación en estos doce años, continúa condicionando la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda nacional.
3. La evidencia contemporánea (2023–2025): Hacia la fiscalización no punitiva
A diferencia de los mitos sobre una voracidad punitiva, las investigaciones empíricas más recientes desmienten que la Sunafil se limite a imponer sanciones. El estudio de Erika Chinchay Valerio (2025), basado en estadísticas oficiales consolidadas de la Dirección de Inteligencia Inspectiva (DINI), revela que en materias sensibles como la hostilidad laboral, más del 71 % de las órdenes de inspección (6,522 de un universo de 9,156 casos analizados) concluyeron mediante Informes de Actuaciones Inspectivas —es decir, archivadas por cumplimiento, subsanación oportuna o inexistencia de infracción— y solo el 28.7 % derivó en Actas de Infracción. A ello se suma que, solo en el año 2023, la SUNAFIL emitió 425,243 cartas inductivas, logrando la incorporación preventiva de 1,930 trabajadores a planillas y la conformación de 9,889 comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) sin necesidad de abrir procedimientos sancionadores.
La nueva métrica: el retorno social económico cuantificable en beneficio del trabajador
A partir de este diagnóstico evolutivo, surge una propuesta institucional indispensable: superar el mero reporte de expedientes tramitados para implementar una métrica de impacto material y económico directo. Esta iniciativa recoge y sistematiza la visión planteada originalmente en el seno de la institución por un destacado Supervisor Inspector de Trabajo que, con el que laboré en su oportunidad, (Juan Godofredo Miranda Huerta) el mismo que asumió funciones de Alta Dirección en la SUNAFIL, quien advirtió con lucidez la necesidad de transparentar datos palpables que evidencien el beneficio real de la inspección.
¿Cuánto dinero concreto ingresa a la economía de los hogares trabajadores gracias a la intervención de la SUNAFIL? Hoy en día, cuando un inspector emite una medida inspectiva de requerimiento y el empleador subsana la omisión, se cancelan de manera inmediata remuneraciones insolutas, gratificaciones legales, vacaciones vencidas o truncas, horas extras no reconocidas y participación en utilidades. Sin embargo, este volumen monetario permanece invisibilizado en las memorias de gestión. Si la SUNAFIL cuantificara y publicara anualmente el monto total en millones de soles efectivamente transferidos a las cuentas de los trabajadores vía medidas de requerimiento y cartas inductivas, la sociedad comprendería de inmediato que el Sistema de Inspección del Trabajo es una de las herramientas más potentes de justicia distributiva, dinamización del consumo y reducción de la pobreza en el Perú.
Reconocimiento a la visión directiva e inspectiva: La propuesta impulsada desde la experiencia inspectiva y directiva plantea que el Sistema Informático de la Inspección del Trabajo (SIIT) incorpore un módulo obligatorio de cuantificación económica. Cada orden cerrada por subsanación o cumplimiento debe registrar el monto dinerario liquidado a favor de los trabajadores. El resultado evidenciará un retorno social multimillonario que legitima la labor tutelar del Estado.
El valor para la empresa: ahorro de contingencias y saneamiento preventivo
Lejos de ser una institución lesiva para la actividad productiva, la fiscalización laboral técnica constituye un aliado financiero y legal de primer orden para los empleadores diligentes, operando en dos frentes altamente beneficiosos:
1. Ahorro de costos judiciales y extinción oportuna de pasivos laborales
En general para los diversos tipos de empresas sean estas micro, pequeñas medianas y grandes empresas, una fiscalización laboral no debe interpretarse como una amenaza confiscatoria. Conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (D.S. 019-2006-TR), la medida de requerimiento concede al empleador un plazo razonable para subsanar los incumplimientos advertidos. Al subsanar oportunamente, la infracción se extingue y el expediente se archiva mediante informe, sin imposición de multas. Este mecanismo representa el mayor salvamento financiero para la empresa: resuelve la divergencia en sede administrativa y evita que el reclamo derive en un proceso judicial laboral de 4 o 5 años ante el Poder Judicial, el cual acarrearía el pago acumulado de costas procesales, honorarios de abogados litigantes y gravosos intereses legales financieros.
2. Blindaje patrimonial, licitaciones y certificaciones de exportación
Para el sector corporativo y las empresas exportadoras (agroexportación, manufactura, pesca y minería), contar con actuaciones inspectivas favorables es un requisito indispensable de gobernanza corporativa. En los mercados globales, las exigencias de sostenibilidad ESG, los procesos de Due Diligence y las certificaciones internacionales (como ISO 45001 en Seguridad y Salud o SA8000 en responsabilidad social) requieren acreditar el cumplimiento estricto de la normativa sociolaboral. Un historial limpio ante la Sunafil es el sello de calidad que permite a la empresa ganar licitaciones públicas y mantener contratos multimillonarios de exportación con cadenas comerciales en Europa y Norteamérica.
El desafío operativo: la dedicación de 810 inspectores frente a una demanda masiva
Para valorar con justicia el desempeño de la Sunafil, es imperativo confrontar la demanda ciudadana con la capacidad humana instalada. A la fecha (noviembre de 2026), el Sistema de Inspección del Trabajo cuenta con un cuerpo inspectivo de apenas 810 inspectores a nivel nacional (distribuidos jerárquicamente entre Inspectores Auxiliares, Inspectores del Trabajo y Supervisores Inspectores) para atender a las 26 intendencias regionales del país.
Si contrastamos esta dotación con la realidad económica nacional —donde la Población Económicamente Activa (PEA) total supera los 18 millones de personas y el sector formal asalariado agrupa a más de 5 millones de trabajadores en cientos de miles de centros de labores—, la ratio resultante es de apenas 1 inspector por cada 22,000 personas de la PEA global. Si nos atuviéramos al estándar técnico de la OIT para países en desarrollo (1 inspector por cada 40,000 trabajadores en la fuerza laboral o ratios equivalentes de 1 por cada 15,000 a 20,000 asalariados), el Perú debería contar con un cuerpo inspectivo de al menos 1,200 a 1,500 inspectores con presencia descentralizada efectiva.
Frente a este déficit estructural de personal, atribuir las demoras a una supuesta desidia o inacción del personal inspectivo resulta un acto de profunda injusticia. Cada inspector asume una carga desproporcionada de expedientes complejos que abarcan desde el análisis de planillas electrónicas y tercerizaciones fraudulentas hasta inspecciones de alto riesgo mortal en minería y construcción civil, multiples casos de de derechos fundamentales (Libertad sindical). A pesar de esta sobrecarga, este grupo humano de aproximadamente 810 servidores públicos logra impactos positivos cotidianos: miles de trabajadores incorporados a planillas, accidentes fatales evitados mediante órdenes de paralización de obras y paz social preservada en cientos de mesas de diálogo sindical.
El valor no cuantificable: dignidad, seguridad y salud en el trabajo
Finalmente, existe un universo sustantivo de la fiscalización cuya trascendencia no admite una traducción en soles. Nos referimos a la tutela de derechos fundamentales: el cese de actos de hostilidad laboral, la nulidad de sanciones disciplinarias impuestas con vulneración del debido proceso, la restitución de categorías profesionales rebajadas arbitrariamente y las facilidades para la actividad sindical.
Asimismo, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el valor de la labor inspectiva reside en lo que no llegó a suceder: en la vida que no se perdió y en el trabajador que no sufrió una invalidez permanente. Cuando un inspector exige la implementación de guardas de seguridad en maquinaria pesada, líneas de vida certificadas en trabajos en altura o equipos de protección ergonómicos, no solo salva la integridad física del trabajador, sino que libra a los gerentes y directores de la empresa de una responsabilidad penal inminente (prevista en el artículo 168-A del Código Penal por atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo) y de indemnizaciones civiles ruinosas por daño moral y lucro cesante.
Conclusiones y propuestas de política pública
1. Cambio de Paradigma Comunicacional: La Sunafil debe migrar hacia una métrica moderna de retorno social, cuantificando los millones de soles devueltos a los trabajadores mediante subsanación de requerimientos y el valor intangible de la prevención en Seguridad y Salud.
2. Reconocimiento al Saneamiento Empresarial: La inspección del trabajo debe consolidarse como un filtro preventivo que ahorra costos procesales millonarios a las empresas y valida su competitividad corporativa para exportar y contratar con el Estado.
3. Inversión de Estado en la Capacidad Inspectiva: El Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas deben entender que el cuerpo inspectivo compuesto aproximadamente de 810 inspectores ha alcanzado su límite operativo. Dotar de presupuesto a la Sunafil para convocar nuevas plazas inspectivas y cerrar la brecha hacia los 1,500 inspectores recomendados por la OIT no es un gasto corriente, sino la mayor inversión en estabilidad jurídica, productividad empresarial y paz social que el Perú requiere.
Daniel Moreyra Fonseca
Abogado y Bachiller en Historia, con estudios culminados de Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como Asesor de Alta Dirección en el Despacho de Superintendencia de Sunafil entre los años 2023 y 2024. Actualmente es Inspector del Trabajo en la Dirección de Inteligencia Inspectiva, donde forma parte de los equipos especiales.
