Hablar de derecho del trabajo en el Perú supone enfrentarnos a una realidad que durante más de una década no ha logrado ser resuelta: la informalidad continúa teniendo un peso determinante en nuestro mercado laboral y una parte sustancial de la población desarrolla sus actividades económicas al margen de relaciones laborales plenamente formalizadas. El problema, por tanto, no es únicamente cuántas personas tienen trabajo, sino qué clase de trabajo tienen, bajo qué condiciones lo desarrollan, cuánto perciben y qué posibilidades reales poseen de conservarlo. En este escenario, las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026 no solo han definido quiénes conducirán los gobiernos subnacionales durante los próximos años; también han colocado frente a ellos una agenda que suele quedar relegada en comparación a otras urgencias políticas: la agenda laboral.
Es comprensible que la seguridad ciudadana ocupe hoy un lugar central, especialmente en el norte. Según el “Reporte anual 2025 de la incidencia delictiva en la Macro Región Norte” (publicado en marzo de 2026 por el MININTER), durante 2025, la Macro Región Norte registró 9 939 denuncias por extorsión, un incremento de 4% respecto de 2024; La Libertad concentró 4 423, Piura 2 855 y Lambayeque 983. A nivel provincial, Trujillo registró 2 724 denuncias, Piura 1 247, Sullana 1 108 y Chiclayo 817. El dato no puede leerse únicamente desde la perspectiva policial: cuando una persona sale a trabajar y se encuentra expuesta a extorsiones, amenazas o violencia, la seguridad deja de ser un problema exclusivamente criminal y se convierte también en un problema laboral y económico.
La relación entre seguridad y trabajo es, entonces, mucho más profunda de lo que aparece en los discursos electorales. No existe auténtica libertad para trabajar cuando el trabajador, comerciante, transportista, emprendedor o pequeño empresario desarrolla su actividad bajo la amenaza permanente de organizaciones criminales. Por eso, combatir la extorsión en Trujillo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Tumbes y otras ciudades del norte también significa proteger el mercado laboral regional, preservar unidades productivas y evitar que el miedo termine expulsando actividades económicas hacia la informalidad. Los nuevos gobiernos regionales y locales tendrán que comprender que garantizar seguridad ciudadana también significa garantizar condiciones mínimas para que la población pueda trabajar.
La información plasmada en el Informe Técnico “Perú: Comportamiento de los indicadores a Nivel Nacional y en 27 Ciudades del mercado laboral- Primer trimestre 2026”, publicado en mayo de 2026 por el INEI, demuestra, además, que el panorama laboral norteño no es uniforme. En el primer trimestre de 2026, la población ocupada aumentó en Chiclayo en 2,8% y en Tumbes en 0,8%, pero disminuyó en Trujillo en 1,4%, Chimbote en 1,9% y Piura en 2,9%. Durante ese mismo trimestre, la tasa de desempleo fue de 6,2% en Chiclayo, 7,4% en Chimbote, 6,3% en Piura, 4,1% en Trujillo y 5,6% en Tumbes, mientras Cajamarca alcanzó 10,4% y Huaraz 7,0%. Esto demuestra que reducir el desempleo no puede ser el único objetivo: cada ciudad requiere una política laboral construida sobre su propia realidad.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando observamos la informalidad. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, el empleo informal alcanzó el 67,6% en Chiclayo, 66,2% en Chimbote, 64,2% en Piura, 62,2% en Trujillo y 70,5% en Tumbes; Cajamarca registró 62,9% y Huaraz 63,6%. Es decir, la informalidad continúa siendo mayoritaria en las principales ciudades norteñas. A ello se suman ingresos promedio mensuales provenientes del trabajo de S/ 1 700,4 en Chiclayo, S/ 1 961,5 en Chimbote, S/ 1 888,4 en Piura, S/ 2 140,3 en Trujillo y S/ 1 834,7 en Tumbes. Por ello, el debate no puede limitarse a cuántas personas trabajan, sino a qué calidad y capacidad de sostenimiento tienen esos empleos.
En este contexto debe analizarse también el incremento de la Remuneración Mínima Vital. Desde el 1 de octubre de 2026, la RMV para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada se elevó de S/ 1 130 a S/ 1 230, conforme al Decreto Supremo N.º 015-2026-TR, quedando previsto un segundo incremento hasta S/ 1 300 durante el primer semestre de 2027. El aumento repercute también en determinados conceptos vinculados con la RMV. Sin embargo, mejorar el piso remunerativo no resuelve por sí solo la informalidad, el desempleo, la ausencia de estabilidad ni la insuficiente generación de puestos de trabajo. La política remunerativa debe acompañarse de estrategias de formalización, productividad y generación de empleo sostenible.
Aquí aparece uno de los principales desafíos para los nuevos gobiernos subnacionales: incorporar el empleo como una dimensión transversal de sus políticas públicas. No se trata de sustituir las competencias del Ministerio de Trabajo o de SUNAFIL, sino de articular con estas instituciones, con el sector privado y con las entidades educativas políticas de capacitación, intermediación laboral, promoción empresarial y formalización. Esta tarea debe prestar especial atención a los jóvenes que intentan ingresar por primera vez al mercado laboral, así como a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. No necesitamos nuevas leyes; necesitamos utilizar mejor las herramientas existentes y convertir el empleo digno en un objetivo concreto de la gestión pública.
El reto será todavía mayor porque el norte enfrenta simultáneamente una amenaza climática. El ENFEN elevó al 88% la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria durante octubre de 2026 y proyectó precipitaciones superiores a lo normal entre octubre y diciembre, con posibles incrementos de los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. En este escenario, los gobiernos regionales y locales deberán evitar que una emergencia climática destruya puestos de trabajo, interrumpa actividades productivas o profundice la informalidad. Una inundación, una interrupción vial o la afectación de un mercado no son solamente problemas de infraestructura: también pueden convertirse en pérdida inmediata de ingresos para miles de familias.
El panorama que reciben los nuevos gobiernos regionales y locales del norte es, por tanto, particularmente complejo: ciudades con comportamientos laborales distintos, informalidad mayoritaria, ingresos limitados, extorsión creciente y una amenaza climática capaz de afectar infraestructura y actividades productivas. La respuesta no puede consistir en escoger entre seguridad, prevención o empleo, porque los tres problemas están conectados. Los próximos gobiernos subnacionales serán evaluados inevitablemente por su capacidad para responder a la inseguridad y a las emergencias, pero también deberían ser evaluados por algo que suele quedar fuera de los discursos: qué hicieron para que sus ciudadanos pudieran trabajar mejor.
El norte del Perú no necesita únicamente gobiernos que administren problemas cuando estos ya se han producido. Necesita gobiernos regionales y locales capaces de anticiparse a ellos. Por eso, el verdadero desafío para las nuevas autoridades no consiste únicamente en ejecutar presupuesto, construir infraestructura o responder a las emergencias. Consiste en construir territorios donde trabajar sea posible, seguro, formal y sostenible. Ese debería ser uno de los principales indicadores para medir, dentro de algunos años, si los nuevos gobiernos subnacionales del norte realmente cumplieron con la ciudadanía que los eligió.
Referencias bibliográficas
Ministerio del Interior del Perú. (2026). Reporte anual 2025 de la incidencia delictiva en la Macro Región Norte.
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). Informe Técnico “Perú: Comportamiento de los indicadores a Nivel Nacional y en 27 Ciudades del mercado laboral- Primer trimestre 2026”.
Flores, J. (2026). ENFEN elevó al 88 % la probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria en las próximas semanas. RPP.
Diego Leonel Cornejo Cachay
Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Maestrando en la Maestría con mención en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la UNMSM. Ex subprefecto de Chiclayo. Académico, expositor en derecho laboral, autor de artículos y libros a nivel nacional e internacional. Especialista en Litigación Oral para el proceso laboral por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL. Miembro de Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO).
