La norma reconoce beneficios al régimen CAS, pero introduce un gasto permanente cercano a S/ 3,000 millones al año. En un contexto de presión tributaria de apenas 14,6% del PBI, el margen fiscal es bastante limitado.
Además, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y aunque se diga que cada entidad asumirá el costo, en la práctica eso implica reasignar recursos y dejar de atender otros servicios.
No se trata de negar derechos, sino de cómo y cuándo reconocerlos. Sin una reforma del servicio civil, estas medidas terminan consolidando un régimen que debía ser temporal.
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