¿Sabías que las decisiones políticas que se tomen en estas elecciones podrían determinar si encuentras un empleo estable o sigues enfrentando contratos temporales e informalidad? Las elecciones generales de 2026 no sólo definirán quiénes dirigirán el país, sino también cómo se moverá la economía y cómo se generarán oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes que buscan incorporarse al mercado formal.
Las elecciones generales de 2026 en el Perú no sólo definirán a las próximas autoridades, sino también el rumbo económico del país. Este contexto influye directamente en el mercado laboral, especialmente para los jóvenes que buscan insertarse en el mundo del trabajo o mejorar sus condiciones actuales.
Incertidumbre y oportunidades de empleo
Durante los procesos electorales, es común que las empresas adopten posturas cautelosas. La falta de claridad sobre las futuras políticas económicas y laborales lleva a muchas empresas a postergar inversiones o reducir contrataciones, lo que se traduce en efectos concretos:
- Menos oportunidades laborales
- Mayor uso de contratos temporales
- Dificultades para conseguir el primer empleo
La doctrina laboral sostiene que estas situaciones refuerzan la importancia de la intervención del Estado para garantizar condiciones mínimas de empleo formal y evitar la precarización (Puntriano Rosas, César. Derecho del Trabajo: Parte General. Lima: Palestra Editores, 2018). Además, la jurisprudencia constitucional establece que el derecho al trabajo comprende la obligación de proteger especialmente a grupos vulnerables frente a despidos injustificados o prácticas discriminatorias (STC 00492 2023 AA/TC).
¿Por qué importan las propuestas laborales?
Los candidatos suelen prometer más empleo y mejores salarios, pero es esencial evaluar si estas propuestas son viables y se sustentan en criterios legales y económicos sólidos. Algunos aspectos clave a observar son:
- Promoción del empleo formal
- Apoyo a las empresas para generar trabajo
- Medidas para mejorar la productividad
La doctrina enfatiza que las políticas laborales deben equilibrar la protección del trabajador con la sostenibilidad económica de las empresas, evitando efectos adversos como la informalidad o la precariedad (Pasco Cosmópolis, Derecho del Trabajo Peruano, PUCP, 2003; Baylos Grau, Derecho del Trabajo, Trotta, 2012). Por su parte, la jurisprudencia constitucional peruana indica que las políticas públicas deben garantizar que los derechos laborales sean efectivos y no meramente declarativos (STC Exp. 1124‑2001‑AA/TC).
Jóvenes: los más afectados
Los jóvenes son particularmente sensibles frente a la incertidumbre política. La falta de experiencia, combinada con un mercado laboral inestable, dificulta el acceso a empleos formales y bien remunerados.
La doctrina laboral señala que el Estado debe implementar medidas específicas para facilitar la inserción laboral juvenil, mediante incentivos a la contratación y programas de capacitación, respetando siempre los estándares constitucionales de protección del trabajo (Neves Mujica, Introducción al Derecho del Trabajo, PUCP, 2009, p. XX). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional respalda este enfoque al proteger a los trabajadores vulnerables y reforzar sus derechos frente a prácticas discriminatorias o despidos arbitrarios (STC 00492 2023 AA/TC).
La importancia de la confianza económica
El empleo depende en gran medida de la inversión y de la estabilidad del país. Cuando existe confianza económica, las empresas crecen y generan más puestos de trabajo; por el contrario, la inestabilidad política puede frenar este proceso.
Esto puede provocar:
- Menor crecimiento económico
- Aumento de la informalidad
- Empleos de menor calidad
El derecho al trabajo requiere, según la doctrina y la jurisprudencia, que el Estado adopte políticas que promuevan la confianza y estabilidad en el mercado laboral, garantizando empleo formal y protección efectiva a los trabajadores, incluso en contextos de incertidumbre electoral (STC Exp. 1124‑2001‑AA/TC).
Conclusión
Las elecciones de 2026 representan un punto decisivo para el mercado laboral peruano, ya que las decisiones políticas que se adopten influirán directamente en la generación de empleo, la formalización laboral y la calidad de las condiciones de trabajo. En este contexto, el derecho al trabajo —reconocido constitucionalmente— no puede entenderse sólo como una declaración, sino como una garantía que debe hacerse efectiva a través de políticas públicas coherentes y sostenibles.
La incertidumbre propia del proceso electoral evidencia la importancia de contar con un entorno de estabilidad jurídica y económica que favorezca la inversión y la creación de empleo formal. Sin estas condiciones, se corre el riesgo de profundizar problemas estructurales como la informalidad, la precariedad laboral y la desigualdad en el acceso a oportunidades.
Por ello, resulta fundamental que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, comprendan que su participación en el proceso electoral tiene consecuencias concretas en su futuro laboral. Evaluar las propuestas con criterio y responsabilidad no solo contribuye a una mejor decisión política, sino también a la construcción de un mercado laboral más justo, estable y acorde con los principios constitucionales que rigen el país.
Lourdes de Haan Olortigue
Abogada egresada de la maestría en Derecho del Trabajo de la USMP.
Asesora en la Gerencia General de la SUCAMEC, con experiencia como Gerente Municipal, Gerente de Recursos Humanos y Jefa de la Oficina de Integridad en gobiernos locales. Su trayectoria se centra en la gestión pública, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas laborales y administrativas.