Entre el avance normativo y la realidad que incomoda
Cada 30 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, se renueva el discurso sobre avances y reconocimiento. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha destacado progresos en materia de formalización y ampliación de derechos en este sector. Sin embargo, más allá del discurso institucional, persiste una pregunta incómoda: ¿cuánto de ese reconocimiento se traduce realmente en condiciones laborales dignas?
Durante décadas, el trabajo del hogar ha estado marcado por la invisibilidad y la precariedad. En ese contexto, la Ley 31047, promulgada por el Congreso de la República del Perú (2020), representó un punto de quiebre necesario al equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar con los del régimen laboral general, incluyendo remuneración mínima, jornada regulada, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones y acceso a la seguridad social. Este cambio no es menor, pues rompe con la noción histórica de que se trata de “ayuda” y no de trabajo.
Asimismo, esta norma se alinea con estándares internacionales como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (2011), que reconoce expresamente la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Desde el plano jurídico, el avance es claro: hoy existe un marco normativo que reconoce derechos de manera expresa y en condiciones de igualdad.
No obstante, el problema surge cuando ese marco normativo intenta trasladarse a la realidad. El trabajo del hogar se desarrolla en un espacio privado, lo que limita la fiscalización estatal. A ello se suma el desconocimiento de la normativa y, en muchos casos, la persistencia de prácticas informales profundamente arraigadas, como advierte el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2024). De este modo, se configura una brecha evidente entre lo que la ley establece y lo que efectivamente ocurre.
Esta tensión no es nueva. El Tribunal Constitucional del Perú (2013), en la sentencia recaída en el Expediente 00020-2012-PI/TC, ha señalado que el trabajo no es únicamente una actividad económica, sino un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, reconociendo su papel como base del bienestar y la realización personal. Posteriormente, el Tribunal Constitucional del Perú (2015), en el Expediente 05057-2013-PA/TC, reafirma la obligación del Estado de garantizar condiciones laborales dignas y equitativas. Bajo este estándar, los derechos reconocidos en la Ley 31047 no deben entenderse como aspiraciones, sino como exigencias concretas.
La deuda pendiente: cuando los derechos no se ejercen
El principal desafío en la actualidad no es la ausencia de normas, sino su implementación efectiva. A pesar del avance legal, la informalidad en el trabajo del hogar continúa siendo elevada, lo que evidencia que el cambio normativo no ha sido acompañado por una transformación real en las relaciones laborales, tal como señala el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2024).
Esto revela una debilidad estructural: el Estado no solo debe legislar, sino también garantizar el cumplimiento de las normas. La fiscalización resulta clave, pero no es suficiente por sí sola. Se requieren políticas públicas sostenidas, campañas de información, incentivos a la formalización y, sobre todo, un cambio cultural que revalore este tipo de trabajo.
En ese sentido, la formalización no puede depender únicamente de la voluntad de empleadores y trabajadores. Sin mecanismos efectivos de supervisión ni una estrategia integral, los derechos corren el riesgo de permanecer en el plano declarativo.
Por ello, el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar no debería limitarse a un acto simbólico de reconocimiento, sino convertirse en un espacio para exigir resultados concretos. La Ley 31047 constituye, sin duda, un avance importante, pero aún resulta insuficiente mientras sus disposiciones no se cumplan plenamente.
En definitiva, la dignificación del trabajo del hogar no se alcanza con la sola aprobación de una ley. Requiere voluntad política sostenida, fortalecimiento institucional y una transformación social que reconozca, en la práctica, que todos los trabajos merecen las mismas garantías. De lo contrario, el reconocimiento seguirá siendo simbólico y la deuda histórica permanecerá vigente.
Lourdes de Haan Olortigue
Abogada egresada de la maestría en Derecho del Trabajo de la USMP.
Asesora en la Gerencia General de la SUCAMEC, con experiencia como Gerente Municipal, Gerente de Recursos Humanos y Jefa de la Oficina de Integridad en gobiernos locales. Su trayectoria se centra en la gestión pública, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas laborales y administrativas.