La negociación colectiva en el sector público vuelve a situarse en el centro del debate, esta vez a partir de una iniciativa legislativa que busca modificar los plazos del proceso negocial previsto en la Ley 31188, una discusión que, más allá de lo técnico, refleja una preocupación que ya venía siendo advertida: el tiempo disponible para negociar no siempre es suficiente.
El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13888/2025-CR plantea ajustar las etapas del proceso, trato directo, conciliación, arbitraje, con el objetivo de hacerlas más viables en la práctica, asegurar la previsión presupuestal, permitir una mejor implementación de los acuerdos, evitar negociaciones apresuradas que terminan resolviéndose más por presión que por deliberación.
Este debate cobra especial relevancia si se considera el contexto reciente. Como se informó previamente en Actualidad Laboral, mediante la Resolución Ministerial 109-2026-PCM se conformó la representación empleadora para la negociación colectiva centralizada del presente año, un paso necesario, esperado, pero adoptado en un momento del calendario que deja márgenes bastante ajustados para una negociación técnica, ordenada, con capacidad real de construir consensos.
Y ahí está el punto. Mientras el Ejecutivo avanza con la conformación de sus equipos, el Congreso reconoce que el problema no solo es quién negocia, sino cuánto tiempo real existe para hacerlo.
El modelo vigente ha mostrado límites claros, plazos concentrados en el primer semestre, etapas que se superponen en la práctica, tiempos que no siempre permiten evaluar el impacto fiscal de las propuestas, espacios reducidos para el diálogo efectivo entre las partes.
El dictamen intenta corregir esa distorsión, introducir mayor flexibilidad, ampliar el horizonte temporal de la negociación, hacer que el procedimiento responda mejor a la complejidad del sector público, donde negociar no es solo acordar condiciones laborales, sino también compatibilizarlas con reglas presupuestales, sostenibilidad fiscal, planificación estatal.
Sin embargo, el escenario aún está abierto. Para que estos cambios entren en vigor, el dictamen debe ser aprobado por el Pleno del Congreso y posteriormente promulgado por el Ejecutivo, lo que significa que, en lo inmediato, el proceso de negociación 2026 continuará desarrollándose bajo las reglas actuales.
Así, el sistema parece avanzar en dos tiempos, la práctica administrativa que ya está en marcha, el debate legislativo que intenta ajustar sus condiciones.
El reto, como suele ocurrir en materia laboral pública, no está en identificar el problema, sino en resolverlo a tiempo. Porque en negociación colectiva, los plazos no son un elemento accesorio, son una condición estructural del proceso, y muchas veces, también de sus resultados.
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