Tradicionalmente, se ha escrito sobre la función policial desde el enfoque de los derechos humanos, es decir, desde el rol que cumple como institución del Estado encargado de velar por la seguridad y el orden interno en nuestro país, garantizando el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, el uso de la fuerza a cargo de los agentes del Estado no debe ser arbitrario y debe sujetarse a principios de proporcionalidad, legalidad y de necesidad, priorizando el uso de métodos preventivos, disuasivos y represivos de la acción delictiva. En un contexto de régimen de excepción, como es el estado de emergencia, enfocan su labor en restablecer el orden interno, prestando protección a las personas en situación de vulnerabilidad y ejerciendo las acciones necesarias conforme a la ley y a su reglamento, para proteger a los civiles, así como el patrimonio público y privado.
En medio de la crisis social desatada por el intento de golpe de Estado del dictador Pedro Castillo, las manifestaciones dejaron de ser pacíficas y hoy vemos como hordas de delincuentes siembran el terror en las provincias, saqueando y quemando casas, empresas, matando animales, bloqueando carreteras, lanzando piedras y utilizando armas hechizas contra los ciudadanos. A la fecha, suman 7 civiles muertos y 140 policías heridos en medio de los enfrentamientos . Las autoridades y las ONG no tardarán en pedir por los justos derechos en favor de los fallecidos pidiendo que cesen el uso excesivo de la fuerza y que caiga todo el peso de la ley sobre los “policías asesinos”.
Pocos, pensaremos que esa generalización duele, y que la vida de un policía no es fácil. La Organización Internacional del Trabajo reconoce a la labor policial como parte de los servicios públicos de urgencia, personas que arriesgan sus propias vidas para salva la de otras, por lo que el Estado debe garantizar sus derechos a la salud y beneficios laborales. Pero el Estado no cuida de ellos. Hace poco se derogó Decreto de Urgencia Nº012-2020 dejando sin efecto el tiempo de servicios que debía cumplir los oficiales para diversos grados, imposibilitando el asenso a cerca de 300 oficiales. La sanidad policial está en sala de urgencias desde hace mucho tiempo. SALUDPOL adeuda millones de soles a instituciones privadas limitando el acceso a tratamientos y procedimientos médicos; en el Hospital Central hacen falta camas y medicamentos, lo mismo pasa en los hospitales en provincias, dejando al desamparo, sobretodo, a los oficiales y suboficiales que ponen el pecho en las manifestaciones.
Si queremos fortalecer la institución policial, comencemos por darle valor al sacrificio de nuestros policías, personas que han sido formadas para dar su vida por su país, sin el suficiente reconocimiento de su entrega. Esta columna es un homenaje a nuestros policías heridos en los enfrentamientos. A mis padres que amaron a su institución. Soy parte de la familia policial, y estoy muy orgullosa de serlo.
Fuente: Expreso
Elizabeth Zea Marquina
Abogada y magister
Docente en Derechos Humanos y Derecho Constitucional
Directora del instituto de Derechos Humanos y Desarrollo USMP
