Un viejo adagio reza que no puedes cometer el mismo error dos veces, puesto que la segunda vez no es un error, sino una elección. Precisamente, son fuertes lo rumores sobre la decisión del Gobierno del presidente Sagasti de decretar un nuevo aislamiento social obligatorio como respuesta al agravamiento de la crisis sanitaria en nuestro país, lo que a nuestro juicio sería un error con gravísimas repercusiones económicas. Para nadie es un secreto que nuestro mercado laboral es altamente informal, incluso antes de la pandemia la discusión se centraba entre los defensores de las cifras oficiales que indicaban que aproximadamente el 75% de la población económicamente activa se encontraban en relaciones laborales informales, mientras que posiciones más realistas indicaban que la informalidad laboral en nuestro país superaba el 80% de la PEA, en mayor medida por el proceso de inmigración extranjera irregular que atravesamos en los últimos 4 años.
A ese escenario de informalidad anterior a la pandemia, le debemos agregar como factores de distorsión del mercado laboral el incremento en los índices de desempleo, ya sea por cierre de empresas que no pudieron reactivarse o aquellos trabajadores que se encuentran en relaciones laborales suspendidas de forma perfecta mediante el trámite regulado por el Decreto de Urgencia 038-2020.
Según el informe del último trimestre del año 2020, emitido por el Instituto Nacional de Estadística e Informativa (INEI), la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 13,0%, siendo 6,4 puntos porcentuales más que el año 2019 (6,6%). En términos de cifras absolutas se estima que había 566 mil 600 personas que buscaban un empleo activamente en la capital de la República. En tanto en el IV trimestre del año 2020, la tasa de desempleo se ubicó en 13,8%.
Como se puede observar, el escenario laboral se encuentra pendiente de un hilo, la visión que el trabajo remoto o el teletrabajo son la solución económica a un confinamiento obligado se escapa de la realidad de miles de empresas y millones de trabajadores que requieren de la “presencialidad” de sus actividades productivas, en un horario de producción que, además, se encuentra restringido por los horarios de inmovilización obligatoria o “toque de queda”.
El escenario descrito nos obliga a tener en cuenta las particularidades del mercado laboral de nuestro país, en su gran mayoría no preparado para producir desde casa y con una afectación económica de la que aún no se terminan de recuperar por el aislamiento social obligatorio decretado desde el 15 de marzo de 2020 (Decreto Supremo 044-2020-PCM), el mismo que se trataba de 15 días que se fueron ampliando por sucesivos decretos supremos.
Nuestro país no está para más errores, es el momento de ideas que tengan en cuenta nuestra realidad, recordemos que un segundo error se trataría de una elección, que en este caso sería elegir una crisis económica que el Estado no está en capacidad de asumir.
