En estas elecciones generales nos encontramos ante una dificultad inicial que condiciona cualquier lectura seria: la cantidad de candidaturas dificulta identificar si existe algún criterio mínimamente uniforme en los planes de gobierno en materia laboral. No se trata solo de dispersión de candidaturas o corrientes políticas, sino de algo más profundo, una evidente falta de coincidencia en el diagnóstico de nuestro mercado de trabajo. Las propuestas repiten ciertos temas, como la formalización, el empleo juvenil, el apoyo a las micro y pequeñas empresas, la capacitación y, en algunos casos, el incremento de la remuneración mínima vital, sin que ello suponga necesariamente una comprensión común del problema.
Como venimos sosteniendo desde hace tiempo, nuestro mercado de trabajo está marcado por la informalidad, no como una anomalía, sino como su forma predominante de funcionamiento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la tasa de empleo informal se ubicó en 70.7% en 2025, lo que implica que aproximadamente siete de cada diez trabajadores en el Perú se desempeñan en condiciones de informalidad (Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel nacional y 27 ciudades – Segundo trimestre 2025). Sin embargo, a pesar de esta evidencia, muchas propuestas parecen construidas desde la lógica del empleo formal, como si ese fuera el eje del sistema, lo que refleja una clara desconexión entre el diagnóstico y algunas de las medidas planteadas.
Reducir la informalidad laboral en nuestro país supone revisar el funcionamiento del sistema en aspectos concretos, como los costos de entrada, la carga regulatoria, la superposición de regímenes y su relación con el esquema tributario. Como advierte la Organización Internacional del Trabajo, la transición hacia la formalidad requiere un enfoque integral que combine incentivos, simplificación normativa y fortalecimiento institucional (Diálogo social para la transición de la economía informal a la economía formal). Sin embargo, ese enfoque no se traslada con la misma claridad a las propuestas.
La capacitación laboral como mecanismo de empleabilidad sigue una lógica similar. Se la menciona con frecuencia, pero sin suficiente desarrollo. El problema no es solo generar empleo, sino lograr que las personas puedan insertarse en él. Esto implica pensar en reconversión y mejora de habilidades con cierta seriedad. Los procesos de reskilling y upskilling requieren decisiones sobre financiamiento, ejecución y conexión con sectores productivos concretos. El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que los sistemas de formación deben responder a las necesidades del mercado laboral para evitar brechas persistentes (Habilidades para el trabajo en América Latina y el Caribe: Impulsar el talento para un futuro sostenible y equitativo). Sin esa conexión, la capacitación pierde eficacia.
El empleo juvenil aparece en casi todas las propuestas, pero suele abordarse como un capítulo aislado. El problema es de transición: cómo se pasa de la educación al trabajo sin quedar atrapado en la informalidad o en experiencias precarias. Ello exige articular formación técnica, modalidades formativas y primeras experiencias laborales con incentivos claros para la contratación formal. Cuando esa articulación no se produce, el empleo juvenil termina diluyéndose en iniciativas fragmentadas, como ocurrió con la Ley N.° 30288, que no logró sostenerse ni siquiera en sus primeras semanas de vigencia.
En ese sentido, las modalidades formativas laborales podrían cumplir un rol más activo, siempre que exista regulación adecuada, supervisión efectiva y una vinculación real con la demanda productiva, condiciones que no siempre están presentes en su diseño ni en su aplicación.
Hay además un aspecto que aparece de manera marginal en las propuestas y que incide directamente en la forma en que funciona el mercado de trabajo: el régimen de contratación. La discusión sobre estabilidad laboral, el uso de contratos temporales y los límites de la flexibilidad se aborda de manera superficial, pese a que ahí se concentra buena parte de la precariedad. El problema, sin embargo, no es únicamente reforzar esquemas de estabilidad, sino definir cómo se diseñan estos en un mercado altamente informal, donde la rigidez puede terminar desplazando empleo hacia la informalidad en lugar de fortalecer la protección.
También se echa de menos una mirada sobre la construcción de criterios jurisprudenciales. En el país, en más de 16 años de vigencia de la Ley N.° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el mecanismo previsto en su artículo 40, referido a la emisión de precedentes vinculantes, prácticamente no ha sido utilizado, lo que revela un déficit en la consolidación de criterios uniformes. La ausencia de este tema en las propuestas vuelve a reflejar problemas en el diagnóstico que les sirven de base.
La discusión sobre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral suele centrarse en la necesidad de fortalecerla, pero el enfoque se reduce a más inspección o más sanción. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que los sistemas de inspección laboral no se limitan al control y la sanción, sino que cumplen también funciones de orientación y promoción del cumplimiento (Directrices sobre los principios generales de la inspección del trabajo). Sin una estrategia orientada a la reducción de la informalidad, su impacto resulta limitado.
En paralelo, aparece de forma incipiente la inteligencia artificial. Algunas propuestas la vinculan con capacitación o productividad, pero no como un factor que ya está modificando la organización del trabajo. A ello se suma el trabajo en plataformas digitales, donde la relación laboral y la protección social siguen siendo difusas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que la inteligencia artificial está transformando la organización del trabajo y las tareas laborales, generando tanto oportunidades como riesgos que requieren políticas activas de empleo (OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market).
Finalmente, el tratamiento de la micro y pequeña empresa aparece de manera reiterada, pero muchas veces sin desarrollo suficiente. Según el Ministerio de la Producción, en su informe “Las MIPYME en cifras 2024”, estas representan el 99.3% del total de empresas formales y generan el 89.1% del empleo privado, lo que confirma su centralidad en la estructura del mercado laboral peruano (Las MIPYME en Cifras 2024). Ello obliga a que cualquier política laboral dialogue con su realidad.
En medio de estas propuestas, aparece con frecuencia el incremento de la remuneración mínima vital. El problema no es el tema, sino la forma en que se plantea. En varios casos se anuncian montos sin sustento técnico, sin referencias a productividad, estructura empresarial o impacto en la formalidad. La Organización Internacional del Trabajo señala que los sistemas de salario mínimo, cuando no están adecuadamente diseñados, pueden afectar el empleo y fomentar la informalidad (Guía sobre políticas en materia de salario mínimo). En el caso peruano, ello debería canalizarse a través del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, como espacio técnico de diálogo tripartito, aspecto que no aparece desarrollado en varias de las propuestas.
En estas elecciones, la discusión laboral podría ganar calidad si se deja de acumular propuestas y se empieza a exigir mayor precisión. Los temas están sobre la mesa; lo que falta es abordarlos con mayor rigor.