En estas elecciones, marcadas por un número inusualmente alto de candidaturas, elegir no puede ser un acto indiferente. La fragmentación del escenario político puede generar la sensación de que las opciones se diluyen o que, en última instancia, da lo mismo por quién votar. En materia laboral, esa idea no se puede sostener. Cada decisión electoral incide, directa o indirectamente, en cómo se organizará el trabajo, en cuánto costará generar empleo y en qué condiciones se sostendrá.
El debate electoral ha estado atravesado por propuestas laborales que se han repetido con cierta previsibilidad: incrementos de la remuneración mínima, incentivos al empleo juvenil, programas de capacitación o apoyo a la micro y pequeña empresa. No se puede negar que son medidas que conectan con demandas reales y con urgencias evidentes, pero el problema no está en los temas, sino en cómo se abordan, muchas veces de forma aislada, sin articulación, sin desarrollo suficiente, sin una mirada de conjunto que permita entender hacia dónde se quiere conducir el mercado de trabajo.
El voto, en este contexto, no solo definirá un liderazgo político, sino también un modelo de regulación laboral, una relación entre Estado y mercado que puede facilitar o dificultar la contratación, promover la formalidad o, por el contrario, desplazar empleo hacia la informalidad. En estas elecciones se define, aunque no siempre se advierta, una forma concreta de entender el trabajo, de regularlo y de estructurar su funcionamiento.
Sin embargo, la cantidad de candidaturas, la brevedad de la campaña y la simplificación de los mensajes han contribuido a que el debate se reduzca a propuestas puntuales, fácilmente comunicables, pero difícilmente evaluables en su conjunto. Se promete rápido, se promete mucho y se explica poco. El elector, entonces, se enfrenta a una decisión compleja con información fragmentada, donde resulta difícil distinguir entre medidas viables y planteamientos meramente declarativos.
Elegir bien exige un análisis más riguroso. No basta con identificar una propuesta atractiva o una medida puntual que conecte con una preocupación inmediata. Se requiere observar coherencia, consistencia, capacidad de articulación. Debemos preguntarnos si las propuestas responden a un diagnóstico o si responden a lógicas populistas, si consideran costos, si se vinculan con la productividad, si reconocen las limitaciones del propio mercado de trabajo. No todas las candidaturas plantean lo mismo, aunque a primera vista pueda parecerlo.
Esto se hace particularmente visible en el tema de la informalidad, que aparece como un punto de coincidencia en prácticamente todos los planes de gobierno. Reducirla es un objetivo compartido, pero las rutas para lograrlo no siempre se explican con claridad. Se plantea la formalización como una meta, pero se omite con frecuencia el análisis de sus costos, de las barreras que enfrentan las unidades productivas, de los incentivos reales que tienen para incorporarse al sistema. En medio de ese escenario, resulta relevante la reciente aprobación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040, mediante el Decreto Supremo 001-2026-TR, que marca un avance en la construcción de una política pública orientada a enfrentar uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo.
Algo similar ocurre con el empleo juvenil y la capacitación. Se insiste en la necesidad de facilitar la inserción laboral, de fortalecer la formación técnica, de mejorar la empleabilidad, pero rara vez se explicita cómo se conectan con la demanda productiva o qué lecciones dejan las experiencias previas. La reiteración de enfoques, sin evaluación, reduce el alcance de las propuestas.
En el caso de la remuneración mínima, la discusión adquiere mayor visibilidad, pero no necesariamente mayor profundidad. Las propuestas de incremento aparecen con frecuencia, aunque no siempre acompañadas de un análisis sobre sus efectos en contextos de alta informalidad, donde una parte significativa del mercado de trabajo no opera bajo las mismas reglas. La relación entre remuneraciones, productividad, costos laborales y capacidad empresarial queda desplazada, como si pudiera resolverse solo desde la decisión normativa.
A ello se suma la ausencia de temas que resultan centrales para entender el funcionamiento del mercado de trabajo: el régimen de contratación, la estabilidad en el empleo, los costos de terminación del vínculo laboral, la mayor o menor rigidez del sistema. Son aspectos que inciden directamente en la decisión de contratar, en la sostenibilidad del empleo formal y en la dinámica del mercado. Su escasa presencia en el debate responde, en buena medida, a la dificultad de abordarlos en un contexto electoral.
En el sector público, la discusión incorpora una variable adicional. La ampliación de derechos laborales responde a demandas acumuladas y, en muchos casos, justificadas. Sin embargo, su implementación no puede desligarse de su impacto en las finanzas públicas, de su sostenibilidad en el tiempo y de su compatibilidad con un sistema que requiere orden, meritocracia y previsibilidad. Dejar de lado ese aspecto no resuelve el problema, solo traslada sus efectos.
En ese contexto, las propuestas que enfatizan la generación de condiciones para la inversión, la reducción de cargas innecesarias, la simplificación regulatoria y la articulación entre empleo y productividad ofrecen un punto de partida más consistente frente a aquellas que descansan exclusivamente en la expansión de beneficios sin una base que los sostenga. No se trata de una discusión abstracta, sino de viabilidad, de la posibilidad real de que las medidas propuestas puedan sostenerse en el tiempo sin afectar la generación de empleo, sin desincentivar la contratación formal y sin generar presiones que luego el sistema no puede absorber.
Elegir, en estas elecciones, implica asumir que no todas las alternativas enfrentan del mismo modo los problemas del trabajo. Algunas intentan articular una política, con mayor o menor desarrollo; otras se limitan a acumular medidas. Esa diferencia puede pasar desapercibida en campaña, pero termina reflejándose en la forma en que el mercado laboral se ordena o se desordena con el tiempo.
Como recuerda Fernando Savater en Ética para Amador, somos libres de elegir lo que queremos, pero no somos libres de no elegir. En un escenario como el actual, esa afirmación no es solo una reflexión filosófica, sino también una advertencia práctica sobre el alcance de nuestras decisiones.