Mediante comunicado publicado el 18 de octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha expresado su disconformidad con la decisión adoptada por la Sala Especializado en Eliminación de Barreras Burocráticas respecto al Decreto Supremo 001-2022-TR.
Cabe recordar que mediante Resolución N° 0355-2022/SEL-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI en el Expediente N° 000070-2022/CEB, se resolvió lo siguiente:
“54. (…) este Colegiado considera que corresponde ordenar una medida cautelar de oficio a fin de que la Sunafil se abstenga de aplicar los protocolos y/o reglamentos aprobados para efectos de inspeccionar y/o sancionar conductas relacionadas con las medidas objeto de controversia, a cualquier administrado involucrado en su alcance, hasta que finalice el procedimiento principal.”
Considerando lo expuesto, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI ha tenido en consideración que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR viene siendo considerado en primera instancia administrativa una barrera burocrática ilegal, por lo que ha determinado una medida cautelar de oficio que ordenada a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral abstenerse de aplicar los protocolos y/o reglamentos aprobados para efectos de inspeccionar y/o sancionar conductas relacionadas con las medidas objeto de controversia, a cualquier administrado involucrado en su alcance, hasta que finalice el procedimiento principal, hasta que se tenga un pronunciamiento definitivo.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo manifestó que lamentaba que la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, entidad especializada en el análisis de las libertades de las empresas, haya asumido competencia para una causa que involucra derechos humanos laborales y que ya que está siendo dilucidada en el Poder Judicial.
Finalmente, en el referido comunicado, publicado en su portal web oficial, el Ministerio de Trabajo afirmó que continuará con la defensa y el respeto de los derechos de los trabajadores tercerizados.
