Desde el arribo de la pandemia al mundo hasta la actualidad, han transcurrido dos años en los que nuestro país al igual que muchos otros no se encontraban preparados para afrontar nuevos problemas multisectoriales de gran magnitud. Y aunque a simple vista, parezca muy corto este periodo de tiempo, son incontables las situaciones adversas que los ciudadanos atravesaron para sobrevivir a la época más difícil del Siglo XXI.
En ese sentido, la naciente urgencia de la problemática llevó a los entes gubernamentales a tomar medidas desesperadas que acarrearía mayores consecuencias pero que, mediante las cuales primaba la protección de la vida y la salud de todas las personas. Lastimosamente, esto fue motivo para que muchas empresas tuviesen que cerrar, declararse en quiebra y que cientos de trabajadores fueran despedidos de manera arbitraria.
Luego de los primeros intensos meses de pánico y zozobra, en Perú empezaron a promulgarse algunas disposiciones excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (Covid-19) en todo el territorio. Siendo algunas de estas, -en un primer momento- la génesis de la suspensión perfecta de laborales para poder –en teoría- mantener los vínculos laborales y, el surgimiento del trabajo remoto como herramienta para que las actividades laborales efectuadas por determinado trabajador, continúen llevándose a cabo con la utilización de nuevas tecnologías y desde el lugar donde te encontrarás en confinamiento.
Sin embargo, con la transformación y la necesidad social, la reactivación económica y empresarial tuvo que llegar. En ese sentido, se crearon distintos protocolos para cada sector en especial, los mismos que permitirían el funcionamiento de empresas de todo el Perú, mientras el sistema de vacunación ya venía siendo efectivizado en cada región. Es en este punto que, en las entidades y organismos públicos se iniciaba un plan estratégico que permitiese el retorno gradual de sus trabajadores en sus respectivas funciones.
Para ambos casos, más de un grupo de trabajadores se vió afectados en razón a que: 1) Su actividad de trabajo no podía ser trasladada a un trabajo remoto. 2) Algunos eran considerados como población vulnerable e incluidos dentro del grupo de riesgo por pandemia. De este modo, el derecho al trabajo se vería limitado y la carencia económica aumentaría, lo cual propiciaría el incremento del nivel de informalidad en el país.
Precisamente, para evitar más efectos nocivos, se otorgó licencia con goce de remuneraciones a los servidores civiles de las entidades públicas, que debido a la labor que realizan no aplican a la realización del trabajo a distancia. Además, las entidades públicas fueron facultadas para asignar nuevas funciones o variar las funciones ya delegadas a sus servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. En efecto, a través del Decreto de Urgencia 115-2021 se prorroga la vigencia de dichas medidas que junto con el trabajo remoto, se extienden hasta el 31 de diciembre del 2022.
Mientras tanto, la otra parte del grupo de trabajadores -aquellos que sí cumplían con los requisitos para el regreso a la presencialidad de labores- continuaron con sus labores desde las oficinas o el espacio laboral de la empresa con los protocolos aprobados por el Estado. Ahora bien, un sector del mismo, sintió “amenazado” su derecho al trabajo y a la libertad individual cuando se estableció como requisito indispensable que todo trabajador debía contar con ambas dosis de vacunación para seguir laborando.
A pesar de que el debate no haya culminado para todos, nuestra posición -al igual que la de muchos otros tratadistas- enmarca que, ante la inexorable situación que atraviesa el país, debe priorizarse el bien colectivo de toda una nación que busca salir de la odisea intensificada con el aumento de casos por la nueva variante ómicron, la cual ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «variante preocupante». Indiscutiblemente, cada uno de los peruanos es consciente de la peligrosidad inminente que significa contar con más de 116 pacientes confirmados por la variante en cuestión.
Sin duda alguna, en este 2021 se han logrado superar algunos desafíos que dejó el primer año de pandemia en Perú; sin embargo, la tarea no ha terminado todavía. En definitiva, resulta fundamental que la brecha política se cierre para unificar ideas, planes y proyectos que permitan el crecimiento general de nuestro país. Aunque aún falta mucho por lograr, se debe persistir en la búsqueda del mejor camino para disminuir el impacto negativo que tuvo y sigue teniendo el Covid-19 en el ámbito del trabajo.
En definitiva, el efecto perjudicial que posee esta enfermedad pandémica dentro de los mercados laborales no tiene límites. Es por eso, que las medidas de diferente índole que se establezcan día a día, definirán la mejora de los sistemas de salud y las estructuras económicas de cada sociedad, en particular, dentro de los próximos años.
Diego Leonel Cornejo Cachay
Derecho por la Universidad San Martin de Porres. Conciliador extrajudicial con especialidad en Derecho de Familia, acreditado por el MINJUS. Asistente Legal de “Cornejo Custodio – Abogados”. Escritor de Revistas Jurídicas Indexadas peruanas y extranjeras en materia laboral. Secretario de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho. Adscrito al Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de Nicaragua. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (AIDTSS) – Guatemala. Becario por el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (ILTRAS). Ponente y Conferencista Nacional e Internacional.
