1. Notas introductorias
El desarrollo tecnológico promovido por la convergencia de las tecnologías de la información, análisis de datos y el empleo de la inteligencia artificial (IA), está teniendo como característica principal un impulso productivo en diversos campos sociales y económicos, redefiniendo la forma de interactuar con la tecnología.
En el ámbito del derecho, la IA no va a quedar al margen, cualquiera que esté involucrado en su práctica, va a desear automatizar las labores que consumen mucho tiempo y ofrecen escaso valor, como la revisión de contratos o documentos en gran cantidad, la comparación de información entre distintos documentos o las tareas repetitivas y mecánicas, es por ello que las innovaciones tecnológicas relativas a este campo han visto un crecimiento exponencial en los últimos años, desarrollando softwares y robots que emplean la inteligencia artificial para simplificar los trabajos legales más rigurosos, a los cuales ya se les denomina como “robotabogados” o “jueces-algoritmo” (Aguirre-Espinoza, 2020).
En la actualidad, existen despachos legales que emplean Luminance, una aplicación de IA que examina contratos y puede identificar discrepancias entre ellos; Ravn, que extrae datos de documentos y los transpone a hojas de cálculo de Excel; y Kira Systems, que identifica cláusulas contractuales con alta precisión.
Por su parte, la compañía norteamericana JP Morgan Chase & Co. ha creado un programa de aprendizaje automático que ha suprimido más de 360,000 horas de trabajo anuales que antes realizaban abogados, con todo lo que ello significa en ahorros de costo y de tiempo. (Rouhiainen, 2018, como se citó en Cárdenas, 2021)
En el año 2016, la firma legal estadounidense Baker & Hostetler, contrató un programa denominado ROSS, basado en la plataforma de Watson de IBM, el cual es utilizado como un competente sistema legal que da respuesta a preguntas jurídicas con un lenguaje comprensible, teniendo la capacidad de brindar referencia a juicios pasados y normas legales, y se actualiza con las novedades (legales) en internet (Scaliter, 2016)
La IA ya se emplea para resolver ciertos escenarios legales. Se han desarrollado sistemas informáticos que utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia en la ejecución de procesos. Existen herramientas de IBM Watson (Debating Technologies) capaces de analizar cuestiones legales en cuestión de segundos. Estos programas revisan toda la información disponible en línea sobre el tema y presentan respuestas respaldadas por casos precedentes, optimizando el proceso que implicaba dicha tarea. Un ejemplo notable es Case Crunch, una startup británica originada en la Universidad de Cambridge que se desarrolla dentro del ámbito de las predicciones legales a través de la convergencia entre el derecho y la IA con la aplicación de técnicas de Deep Learning o aprendizaje profundo, logrando predecir el desenlace de casos legales con una eficacia superior a la de los bufetes de abogados.
Por otro lado, el University College de Londres demuestra cómo un programa de IA puede predecir fallos judiciales tras analizar 584 decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con los artículos 3, 6 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En este experimento, se aplicó un algoritmo a dichos casos para descubrir patrones en el texto, con el objetivo de comprobar si el software podía anticipar la decisión. El resultado fue que en un 79% de los casos, la IA logró hacerlo. (Morales; 2020; p. 41).
2. Inteligencia artificial como soporte del proceso laboral: experiencias comparadas
En el 2021, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Documento de Trabajo para la Participación de la Ciudadanía 2021-2026, que aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en la cual se encuestó a diversos miembros de la ciudadanía sobre el uso de la IA. En la encuesta del Estado de IA en el sector público peruano (enero – 2021) se obtuvo como resultado que solo el 7% de las instituciones que contestaron afirman que usan la IA en su institución. De hecho, el 5 de julio de 2023 fue publicada en “El Peruano” la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.
En Latinoamérica, la implementación de la IA en el derecho ha cobrado relevancia en la última década, países como Brasil, Argentina y Colombia son pioneros en la región en este ámbito, desplegando políticas y celebrando convenios con empresas tecnológicas, para reformar la manera en la que se desarrollan algunos aspectos de sus sistemas judiciales buscando optimizar los procedimientos que se generan dentro de la tramitación de procesos judiciales.
Como señalábamos, en Brasil, el E-PROC fue el primer sistema de procesamiento electrónico implementado en la Justicia Federal y está siendo utilizado en diversos tribunales. Su diseño tuvo como objetivo enfrentar la demora en los procesos judiciales, abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la burocracia y acelerar los procedimientos legales. Esta herramienta facilita la realización efectiva de actos procesales, así como el manejo y procesamiento de casos, documentos y trámites administrativos en formato digital.
Asimismo, Radar es una aplicación, desarrollada en 2018 por la Sección de Tecnología Informática del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, utiliza la IA para identificar y separar recursos judiciales que presentan peticiones idénticas, al mismo tiempo que considera los aspectos ya resueltos por tribunales superiores.
Otras herramientas de IA que maneja Brasil son: SAJ Digital[1] y Synapses[2], para mayor ahondamiento sobre dichos sistemas, acompañamos los enlaces al pie de página.
En Colombia se implementó el sistema Pretoria en el marco de un proyecto de investigación orientado al desarrollo de tecnología jurídica adaptada a la realidad local. Este sistema se integra en el conjunto de soluciones digitales diseñadas para respaldar y mejorar el proceso de selección, análisis y estructuración de las sentencias de tutela que deben ser revisadas por la Corte Constitucional y ofrece una perspectiva global de las características específicas relacionadas con la presentación de casos y las decisiones de los jueces en primera instancia.
Esta innovación permitirá acelerar el análisis y la clasificación de la información con una alta confiabilidad. Mientras que una persona podría necesitar al menos un día para leer 30 expedientes y encontrar el criterio o prioridad definida, el sistema puede procesar las sentencias digitalmente en menos de 2 minutos, proporcionando información clave para el análisis. En resumen, este sistema amplía las capacidades de conocimiento del juez sin reemplazarlo.
Colombia también desarrollo el sistema Fiscal Watson[3], acompañando en el pie de página un enlace con mayor detalle sobre el mismo.
Por otra parte, en el 2017 en Argentina se llevó a cabo el desarrollo de Prometea, un sistema que emplea la IA para generar resoluciones judiciales de manera automática. Esta innovadora herramienta consiste en un software diseñado para elaborar dictámenes jurídicos de manera automatizada, basándose en casos similares que cuentan con precedentes judiciales establecidos. Este sistema es uno de los ejemplos más complejos de aplicación de IA en el ámbito público y su implementación se enfocó en mejorar significativamente los procesos judiciales para el beneficio de los ciudadanos argentinos.
Según el Poder Judicial (2022) las Estadísticas del de la Función Jurisdiccional a Nivel Nacional por el Periodo de enero a junio de 2022, en el primer semestre del año pasado ingresaron 205,127 procesos laborales que se sumaron a los 561,775 procesos en trámite que habían a enero de 2022, si las cifras se mantienen, se podría considerar que en el último año, habrían ingresado un aproximado de medio millón de expedientes de la especialidad laboral, lo que demuestra la excesiva carga procesal con la que incesantemente se enfrentan los juzgados.
La imprevisibilidad con la que inició la pandemia fue una circunstancia que permitió evaluar con qué herramientas se contaban de cara a poder continuar con la tramitación de los procesos laborales sin la necesidad de comparecer presencialmente ante los órganos jurisdiccionales. De ese modo, se tuvo que recurrir a los avances tecnológicos a fin de dar un cambio impensado al desarrollo del proceso laboral, que en nuestra opinión resultó ser favorable para los justiciables, en la medida que la virtualización de las audiencias garantizó una mayor eficiencia en la impartición de justicia con el empleo de menos recursos y tiempo; lo que no implica que esta reforma no cuente con problemas propios dentro de su trámite, ni desconoce la brecha tecnológica que existe en nuestro país.
La flexibilidad con la que el proceso laboral se adecuó al cambio en la oralidad, denota la capacidad en la que también pueda adaptarse al uso de diferentes herramientas tecnológicas como la IA y la robótica, que puedan incidir eficientemente, para mitigar y/o resolver las problemáticas con las que cuenta la práctica procesal laboral.
3. Conclusiones
La implementación de la IA en el proceso laboral, será un tema que generará un amplio debate y discusión entre los operadores de justicia de nuestro país; sin embargo, mantenemos la opinión que su empleo durante el desarrollo del proceso, dará mayores provechos y ventajas que problemas, garantizando mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de los procesos judiciales. pudiendo acelerar el trámite de los procesos judiciales al automatizar tareas rutinarias, como la revisión de documentos legales, la realización de audiencias virtuales y la gestión de casos, que reducirá la carga de trabajo de los operadores jurisdiccionales, permitiéndoles centrarse en tareas más complejas y decisiones de mayor relevancia.
En virtud de ello, somos de la opinión que la implementación progresiva de tecnologías vanguardistas relacionadas a la IA se erige como las principales opciones que podrían revertir la excesiva carga procesal que atraviesan los órganos judiciales; sin embargo, dicho aspecto no se encuentra previsto dentro del proyecto. Creemos que esta reforma puede implementarse a corto plazo, tomando en cuenta la experiencia de otros países de la región en la automatización de la gestión de datos, como los sistemas Radar en Brasil o Pretoria en Colombia.
Siendo este el escenario, consideramos que se podría implementar sistemas de IA que participen como directores de las audiencias de Conciliación o en los procesos no contenciosos, dejando espacio a que los jueces participen exclusivamente en las audiencias de juzgamiento que contemplan un nivel mayor de complejidad y requieren la presencia del juez.
4. Referencias bibliográficas
Abanto C. y Duffoó D. (2023) “El Futuro Es Hoy: El Derecho Procesal Laboral Y La Necesaria Implementación De La Inteligencia Artificial”. En Revista Laborem 28. Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. P. 84.
Aguirre Espinosa, J. (2020). Reflexiones sobre el derecho y el juez algoritmo, Ratio Juris, vol. 15, N° 30: Medellín.
Cárdenas Krenz, R. (2021). ¿Jueces robots? Inteligencia artificial y derecho. Revista Justicia & Derecho. Volumen 4, número 2. Chile.
Morales Cáceres, A. (2020). El impacto de la inteligencia artificial en el Derecho. Advocatus N° 39, Lima.
Poder Judicial del Perú (2022) Estadísticas de la Función Jurisdiccional a Nivel Nacional. Periodo: Enero–junio de 2022.
Presidencia del Consejo de Ministros (2021) Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Documento de Trabajo para la participación de la ciudadanía 2021-2026.
Scaliter, J. (12 de mayo de 2016). El primer “robot-abogado” ya tiene cliente, QUO. https://quo.eldiario.es/tecnologia/a56509/el-primer-robot-abogado-ya-tiene-cliente/
Tribunal Federal de la 4a Región de Brasil (2019). Eproc: Proceso electrónico del Tribunal Federal de la 4ª Región tiene cambios en la interfaz. Portal Unificado de Justicia Federal de la 4a Región.
1. SAJ Digital
2. Plataforma Sinapses reúne 150 modelos de inteligência artificial
3. ‘Watson’, el investigador inteligente con el que la Fiscalía busca cerrarle el paso al crimen
César Abanto Revilla
Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de San Martín de Porres. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Socio del Estudio Rodriguez Angobaldo.
Diego Duffoó Callirgos
Abogado por la Universidad de San Martin de Porres. Cursando la Maestría en Derecho del Trabajo en la misma casa de estudios. Miembro del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo de la USMP y del Instituto de Derecho Laboral Empresarial – ILAE. Abogado Asociado del Estudio Rodriguez Angobaldo.
