La Defensoría del Pueblo pidió de manera enfática al Gobierno dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria, la cual rige desde las 2 a.m. hasta las 23:59 p.m. de este martes 5 de abril y fue anunciada anoche por el presidente de la República, Pedro Castillo.
“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”, argumentó.
Recordó que el Tribunal Constitucional “ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad “.
Para la Defensoría, “estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social “.
Dicha orden “no toma en cuenta los severos impactos que causarán a los trabajadores, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad”, alegando que el derecho al trabajo se verá afectado, así como el derecho a la alimentación, salud, educación, entre otros.
La Defensoría manifestó que el carácter intempestivo de la medida generará consecuencias más dañinas y alarmará a la población, “en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores”.
“La forma intempestiva en que ha sido tomada la medida viola, además, el deber de previsibilidad jurídica que todo Estado debe tener hacia la ciudadanía “, aseguró.
Por otro lado, hizo énfasis en que los estados de emergencias no son mecanismos que se usen para gestionar conflictos sociales. “Para eso están los procesos de diálogo que el propio gobierno ha propiciado y cuyo compromiso de reunirse con los gremios en conflicto está aún pendiente”, acotó.